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GRANADA HOY
02/04/10
Medio Ambiente movió 71.000 metros cúbicos de arena
en una Zona de Servidumbre Arqueológica para la
recuperación de Playa Granada - Cultura investiga el
caso y estudia sancionar al Ministerio
La responsabilidad de que no se dé una solución
definitiva al problema de erosión en Playa Granada
ha sido hasta ahora tan escurridiza como la propia
arena del mar cuando se coge entre las manos.
Cultura ha descubierto, a través de la denuncia de
un particular, que no se le ha pedido ninguna
autorización para realizar actividades de
regeneración en este lugar, como hubiera sido
preceptivo, ya que se encuentra incluido dentro de
la Zona de Servidumbre Arqueológica, ZSA, que se
extiende desde Cerro Gordo hasta el Faro de Sacratif,
según una Resolución de 17 de enero de 2008 de la
Dirección General de Bienes Culturales, en vigor
desde el 20 de abril de 2009. El mismo delegado,
Pedro Benzal, asegura que no han autorizado en su
departamento ninguna actuación en este tramo que
goza de especial protección.
Sin embargo, no han emitido aún
ninguna denuncia, aunque se encuentran investigando
los hechos para determinar responsabilidades y
posibles daños. El asunto lo destapa un aficionado a
los detectores de metales que solicita realizar esta
actividad en las playas de Granada. Se lo deniegan,
apelando a que "se ocasionaría daño al patrimonio" y
"destrozos en la estratigrafía del suelo". Sin
embargo, se queda impresionado cuando ve cómo
"permiten el movimiento de 71.000 metros cúbicos de
arena - el equivalente a 28 piscinas olímpicas o a
un poco menos del volumen del cubo de CajaGranada-
de una ZSA cuando a nosotros no nos dejan excavar 20
centímetros". A partir de ahí, Francisco José
Medina, que es presidente de la Asociación Granadina
de Detectoaficionados Iliberri, presenta un escrito
a Cultura solicitando que les reconozcan como parte
interesada en el procedimiento para conocer el
informe de Cultura que autorizaba el movimiento de
tierras dentro de la zona protegida.
Tal y como asegura la propia
Delegación de Cultura, nadie ha autorizado nada. Por
tanto, dichas actuaciones se pueden haber realizado
al margen de la legalidad. Desde Medio Ambiente se
limitan a desviar el asunto hacia la Dirección
General de Costas, dependiente de este Ministerio.
Esta última se dedica a preguntar "¿quién sabe si
estamos o no autorizados?". Desde luego, por Cultura
no.
Esta última delegación,
dependiente de la Junta de Andalucía, por su parte,
dice estar en este momento verificando los hechos
"para conocer si son reales o no. De serlo, se
abriría un expediente sancionador, que aún no está
abierto, ya que no se conoce quién es el
responsable".
El Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó en octubre de
2009 la adjudicación del proyecto de regeneración de
las playas de Playa Granada y La Cagaílla, situadas
en los términos municipales de Motril y Salobreña,
respectivamente. El proyecto de intervención, con un
mes de plazo de ejecución, tuvo un presupuesto
global de 429.963,86 euros y fue adjudicado el día
30 de octubre a la empresa Tragsa. En el mismo se
decía que sería necesaria la aportación de 71.000
metros cúbicos de arena acumulada en la playa del
Cable, junto al Dique de Poniente del Puerto de
Motril, e incluso de otras zonas de la playa de
Poniente si se considerara conveniente, a las zonas
más dañadas por los temporales sufridos entre el 29
y el 30 de noviembre de 2008, es decir, a Playa
Granada y La Cagaílla. Las obras afectaron a
alrededor de 1,7 kilómetros.
Pero no ha sido la única
actuación. Playa Granada recibió 50.000 metros
cúbicos de arena entre el periodo comprendido entre
el año 2004 y 2008. Posteriormente, se aprobó este
otro de 70.000 m3. El volumen total supone un gasto
de 780.000 euros que, sin embargo, se los lleva el
mar. La prueba está en que el último aporte iniciado
en noviembre y finalizado en diciembre de 2009 se
evaporó en dos semanas.
Desde hace años, se está dando esta solución que
-según todas las asociaciones de vecinos del anejo y
el propio Ayuntamiento de Motril- no satisface a
nadie, ya que piden espigones, una medida que creen
que es más duradera y que ha funcionado en otras
zonas, como Torrenueva, Castell o La Mamola.
También Ecologistas en Acción se une a las críticas:
"Al ser tierra el componente mayoritario de los
depósitos arrojados, sus finísimas partículas
contribuyen a la turbiedad de las aguas, con
consecuencias muy graves para toda la vida marina de
la costa, ya que cambia la luminosidad, y al
depositarse sobre los seres bentónicos los mata
rompiendo un elemento esencial en la cadena trófica,
de gravísimas consecuencias ecológicas y económicas
para los pescadores de la zona", explica Javier
Egea, presidente de la agrupación en Granada.
En las playas andaluzas se pueden dar situaciones
tan absurdas como que un vecino de La Herradura que
se encuentre en Cerro Gordo no pueda utilizar un
detector de metales en la arena por no haber
conseguido la autorización correspondiente (se han
denegado más de 300 solicitudes), pero unos metros
más allá, ya en la provincia de Málaga, sí. Aunque
también esta zona sea igualmente protegida como una
servidumbre del patrimonio andaluz. Simplemente
porque la delegación de cultura de la provincia
vecina sí le haya permitido realizar esa misma
actividad, sin que crea que puede dañar el
patrimonio oculto bajo la arena.
El delegado de Cultura, Pedro Benzal, lamenta la
laguna existente sobre el desarrollo de la Ley
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, ya
que en la actualidad no existe ningún reglamento que
detalle cómo otorgar los permisos en las Zonas de
Servidumbre Protegida. De ahí que Benzal reivindique
que se dicte "una normatiza que concrete cómo dar
este tipo de permisos y, sobre todo, que siente unos
criterios a la hora de interpretar determinadas
actuaciones de manera uniforme en todas las
provincias andaluzas".
Fuente: Granada Hoy 02/04/10 |